El expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, publicó este lunes una dura carta en la que cuestiona la política de 'Paz total' del Presidente Gustavo Petro.

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El exmandatario calificó la 'Paz total' como una "fantasía improvisada" y puntualizó que "no es una política de Estado".

Para Gaviria, la 'Paz total' está "diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista".

"Delegar su implementación en tres entidades —la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación— ha resultado ser un desastre. Ninguna tiene capacidad operativa, ninguna cuenta con presencia efectiva en los territorios críticos, ninguna articula una estrategia integral", sostuvo.

En ese sentido, se refirió al 'Plan pistola' que ejecuta el 'Clan del Golfo' y ha cobrado la vida de más de 25 uniformados de la Fuerza Pública.

"¿Qué clase de liderazgo permite que el “plan pistola” del 'Clan del Golfo' asesine a más de veinte policías sin una reacción institucional contundente? ¿Qué clase de lógica perversa es esa que, frente al terror, responde que hay que “verificar”? ¿Verificar qué? ¿Qué están muertos? ¿Qué los informes no mienten? ¿Qué el Estado ya no tiene control territorial?", señaló el exmandatario.

Por otro lado, Gaviria expresó que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, se encuentra "en coma inducido".

"El propio presidente lo confesó en Naciones Unidas: “Colombia no quiere cumplirlo”. Lo que no dijo es que esa decisión es política, no nacional. Es suya. El gobierno ha preferido apostarle a la “Paz Total”, una iniciativa paralela, sin conexión real con el Acuerdo de La Habana, y que en lugar de reforzarlo, lo sabotea desde adentro", indicó el expresidente.

Esta es la carta completa de César Gaviria:

Radiografía de una Paz Fallida: El Fracaso Anunciado de la “Paz Total”.

Hay coyunturas en la historia de un país en las que callar equivale a ser cómplice. Mientras los grupos armados intensifican su ofensiva contra la Fuerza Pública, mientras las comunidades son desplazadas, extorsionadas, y sometidas por estructuras criminales, el gobierno del presidente Gustavo Petro responde con retórica, vacilación y burocracia.

¿Qué clase de liderazgo permite que el "plan pistola" del Clan del Golfo asesine a más de veinte policías sin una reacción institucional contundente? ¿Qué clase de lógica perversa es esa que, frente al terror, responde que hay que “verificar”? ¿Verificar qué? ¿Qué están muertos? ¿Qué los informes no mienten? ¿Qué el Estado ya no tiene control territorial?

La “Paz Total” no es una política de Estado. Es una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista. Delegar su implementación en tres entidades —la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación— ha resultado ser un desastre. Ninguna tiene capacidad operativa, ninguna cuenta con presencia efectiva en los territorios críticos, ninguna articula una estrategia integral.

Mientras tanto, el comisionado de paz, Otty Patiño, aparece y desaparece, absorbido por negociaciones opacas. El Ministerio del Interior prioriza agendas políticas y el DNP se encuentra en medio de conflictos internos y vacíos de liderazgo.

Colombia firmó en 2016 uno de los acuerdos de paz más ambiciosos del mundo. Pero hoy, el Acuerdo con las FARC está en coma inducido. El propio presidente lo confesó en Naciones Unidas: “Colombia no quiere cumplirlo”. Lo que no dijo es que esa decisión es política, no nacional. Es suya. El gobierno ha preferido apostarle a la “Paz Total”, una iniciativa paralela, sin conexión real con el Acuerdo de La Habana, y que en lugar de reforzarlo, lo sabotea desde adentro.

La situación en regiones como el Catatumbo es escandalosa. En enero, más de 60 personas fueron asesinadas en una masacre perpetrada por el ELN contra las disidencias de las FARC. Cincuenta mil personas desplazadas. Niños reclutados. Comunidades indígenas como los Barí al borde del exterminio. ¿Y la respuesta del gobierno? Un decreto de conmoción interior y un "Pacto Social" que suena más a promesa de campaña que a una medida de emergencia.

Como bien lo dijo el magistrado Jorge Ibáñez Najar en su salvamento de voto a la sentencia C-148 de 2025: esta no es una crisis inesperada, es el resultado de años de inacción estatal. Lo que ocurre en el Catatumbo y en muchas regiones del país es responsabilidad directa del abandono del Estado.

La política de ceses al fuego ha sido una herramienta de debilitamiento de la Fuerza Pública. Los soldados y policías no pueden operar, mientras los grupos ilegales aprovechan para rearmarse, ocupar territorios y consolidar economías ilícitas. No hay verificación eficaz. No hay consecuencias por incumplimientos. No hay liderazgo. Cada cese unilateral sin condiciones ha sido un cheque en blanco al crimen organizado.

Y cuando un frente del ELN incumple, se cae todo el proceso. Porque nunca se establecieron reglas claras, ni diferenciaciones internas, ni mecanismos reales de verificación. La Paz Total no es solo débil. Es ingenua.

En lo corrido del año ya van más de 23 paros armados. Las carreteras están bloqueadas. Las escuelas, cerradas. Las comunidades, atrapadas. El transporte intermunicipal, paralizado. Las bandas criminales imponen su ley, cobran "impuestos", secuestran, reclutan, extorsionan. El Estado brilla por su ausencia. Y en lugar de enviar helicópteros, aviones o refuerzos, el gobierno se limita a organizar manifestaciones Prepagas y a negar la gravedad de la situación.

La Fuerza Pública, mientras tanto, opera con recursos escasos. Equipos sin mantenimiento. Inteligencia obsoleta. Una flota aérea anclada en tierra. La defensa del territorio ha dejado de ser prioridad.

La ONU y la OEA han extendido su apoyo, pero su paciencia se agota. El jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que una implementación decidida del Acuerdo con las FARC habría evitado muchas de las crisis actuales. El Consejo de Seguridad expresó preocupación por la falta de garantías para excombatientes y comunidades. La MAPP-OEA documentó reclutamiento forzado, trabajo esclavo, y violencia sistemática contra la población civil.

Este no es un fracaso de la comunidad internacional. Es un fracaso del gobierno nacional, que ha hecho del discurso su escudo, mientras el país se desmorona.

La Paz Total ha sido, en la práctica, una política de permisividad con estructuras armadas, una renuncia a la soberanía estatal y una trampa discursiva para ganar tiempo. Ni paz, ni total. Ni estrategia, ni justicia. Ni autoridad, ni resultados.

El crimen transnacional avanza. El narcotráfico se sofistica. La violencia urbana se expande. Y la respuesta oficial sigue siendo la misma: conferencias, ceses unilaterales, promesas sin sustancia. Colombia necesita una política de seguridad moderna, integral, ajustada a los nuevos riesgos del siglo XXI. La Paz Total no lo es.

El país está cansado. Las comunidades están agotadas. La Fuerza Pública está abandonada. Los excombatientes están amenazados. Y el gobierno, extraviado.

Señor presidente Petro: gobernar no es declamar. No es culpar al pasado ni prometer futuros intangibles. Gobernar es garantizar que los ciudadanos no vivan bajo el yugo del miedo, que la ley no sea letra muerta, que el Estado esté donde más lo necesitan. La paz no se mendiga. Se construye con firmeza, con institucionalidad, con autoridad legítima. Sino pudo con el verso de la paz total, admítalo. Pero no siga arrastrando al país hacia el abismo.

Colombia no quiere más promesas. Quiere resultados. Quiere liderazgo. Y quiere, sobre todo, vivir en paz. Una paz real. Una paz con justicia, con seguridad, con Estado. No este simulacro fracasado que ya nadie cree.